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Interior del edificio polifuncional de Villalba, donde se encuentran los Servicios Sociales

Collado Villalba y otros municipios de la Sierra, entre los que menos invierten en servicios sociales en España

Collado Villalba, junto a otros municipios de la Sierra de Guadarrama como Galapagar y Torrelodones, se encuentra entre los ayuntamientos españoles que menos recursos destinan a servicios sociales, según el décimo informe anual de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (ADyGSS). El estudio, que analiza los presupuestos liquidados en 2023 de los 404 municipios mayores de 20.000 habitantes, revela que 46 localidades —el 11,4%— invirtieron menos de 61,27 euros por habitante en esta partida, un umbral considerado de «pobreza social» por la organización.

La Sierra de Madrid concentra algunos de los casos más alarmantes. Collado Villalba, con 39,27 euros por vecino, y Galapagar, con 34,22 euros, aparecen entre los cinco municipios con menor inversión del país, solo por encima de San Vicente del Raspeig (Alicante, 35,94 €) y Rojales (Alicante, 38,74 €). Torrelodones, por su parte, destinó 37,12 euros. Todos ellos incumplen el criterio mínimo fijado por el informe: el 60% de la mediana nacional (102,12 €/habitante), que este año ascendió a 61,27 €.

Madrid, la comunidad con más «pobreza social»
La Comunidad de Madrid lidera esta lista negra, con 20 de los 46 municipios señalados. Además de los ya mencionados, figuran Alcalá de Henares (42,43 €), Leganés (47,66 €) y Móstoles (57,98 €) que, aunque por debajo de lo deseable, se encuentran por encima de la inversión social de Mariola Vargas y el PP de Collado Villalba

El contraste con los 21 municipios «excelentes» —aquellos que superan los 200 € por habitante— es abismal. Barcelona (259,33 €) y Bilbao (207,36 €) son las únicas capitales en este grupo, mientras que localidades andaluzas como Baza (337,03 €) y Alcalá la Real (323,77 €) encabezan el ranking. Para la ADyGSS, estos datos reflejan una «asimetría inaceptable» en el sistema público: «El código postal determina el acceso a derechos básicos», denuncian

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