El Ayuntamiento de Collado Villalba, gobernado por el Partido Popular, ha recurrido de manera frecuente al procedimiento del contrato menor para adjudicar contratos sin licitación pública. Este mecanismo, que evita la concurrencia de otras empresas y profesionales, ha sido objeto de controversia en diversos municipios y ha llegado incluso a derivar en condenas judiciales en casos similares.
El portal de transparencia del Ayuntamiento solo incluye información sobre los contratos menores de 2023 y el primer trimestre de 2024, omitiendo el resto de fechas. En ese periodo, entre las adjudicaciones más llamativas se encuentra la exposición sobre Samuel Bronston, financiada con 3.575 euros a Duckzilla Ideas SL, una muestra promovida por Juan Antonio Tirado, periodista afín al Partido Popular y actual cargo de confianza en el Ayuntamiento. Esta exposición es una de las más caras del área de cultura en los últimos años.
Otra empresa beneficiada por este sistema es Tinte Maga, una empresa vinculada a la familia de un concejal del Partido Popular, que ha recibido múltiples contratos menores del Ayuntamiento. Entre las adjudicaciones realizadas se encuentran 195 euros por la limpieza de dos telones negros ignífugos y un telón rojo en el Centro Cultural Peñalba, 182 euros por la limpieza de uniformes reciclados de la Policía Local, entre otros cargos. Aunque estos contratos cumplen con el límite legal del contrato menor, su reiteración y la relación de la empresa con la familia de un cargo municipal generan serias dudas sobre la manera en qué contrata el PP de Collado Villalba.
Miles de euros en bebida y comida
Además, se han destinado miles de euros a gastos en comida y bebida sin pasar por concurso público. Entre los contratos destacan los 2.992 euros pagados por una paella para 680 personas, los 1.000 euros gastados en un catering para la celebración del Día de la Enseñanza o los 756 euros para suministro de agua embotellada. También se han contratado desayunos institucionales, como los 173,75 euros abonados a Pastelerías Segado y los 141,30 euros a La Espiga de Oro para la Mesa Local por el Empleo. Asimismo, se han asignado 252 euros para la compra de agua para el teatro municipal y 29,75 euros por un catering en una jornada de empleo. La Feria de la Tapa, por su parte, ha supuesto un desembolso de más de 3.000 euros en impresión de material promocional, diseño gráfico, vigilancia y alquiler de generadores.
El uso recurrente del contrato menor no solo afecta a servicios y suministros, sino también a la contratación de artistas, en muchos casos afines a personas vinculadas al PP, privando de oportunidades a otros artistas locales. Un ejemplo es el violinista Ángel Botti, conocido por su vinculación a la alcaldesa y e íntimo amigo de algunos concejales, que ha sido contratado en varias ocasiones a costa del erario público. En 2023, recibió 2.178 euros por dinamizar el mercado navideño y también fue adjudicatario de un contrato para amenizar el Memorial Antonio Molina. En 2024, aunque no se disponen de datos exactos, se sabe que ha actuado en al menos dos ocasiones más.
Precedentes judiciales en casos similares
El abuso del contrato menor ha sido objeto de numerosas sentencias en España. El Tribunal Supremo, en su fallo del 30 de abril de 2015, condenó a un alcalde y a otros funcionarios por adjudicar contratos de manera reiterada a un mismo arquitecto, acumulando 776.522 euros sin justificación y sin los trámites de concurrencia necesarios. El Juzgado de lo Penal de Melilla, en 2017, inhabilitó a varios responsables municipales por fraccionar contratos de asesoramiento jurídico para evitar la fiscalización. La Audiencia Provincial de Granada también condenó a funcionarios por dividir contratos relacionados con la Feria Mercamed con el objetivo de eludir controles administrativos. Estas resoluciones evidencian que prácticas similares pueden derivar en consecuencias judiciales graves, lo que refuerza la necesidad de una mayor vigilancia sobre la contratación en Collado Villalba.
El equipo de gobierno del PP en Collado Villalba ha recurrido en múltiples ocasiones al contrato menor para adjudicar trabajos sin licitación. Aunque este procedimiento es legal dentro de ciertos límites, su uso recurrente y la vinculación de algunas adjudicaciones con miembros del partido suscitan dudas razonables sobre la transparencia en la gestión municipal, que riega de dinero sin apenas controles a empresas cercanas al poder en lugar de destinarse a mejorar los servicios municipales.
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